El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, en el poder desde 2007,
consideró el viernes innecesaria la convocatoria de una consulta popular
sobre la reelección indefinida que impulsa el oficialismo, y que podría
abrir las puertas a su continuidad en el poder después de 2017.
Correa,
que todavía no define si buscará un nuevo mandato, argumentó que el
tema no debe ir a consulta, como plantean varias fuerzas de oposición,
porque "es una simple enmienda constitucional" y no una reforma del
Estado.
"No se necesita consulta popular para aquello porque no
es reforma a la estructura del Estado (...), la reelección o disminuir
la edad para ser presidente o vicepresidente no es en absoluto una
reforma del Estado", dijo Correa durante una entrevista en la provincia
de El Oro (sur).
El oficialismo, que controla el Congreso
unicameral, planteó a finales de junio 17 enmiendas constitucionales,
entre ellas la que permitiría el establecimiento de la reelección
indefinida para todos los cargos de voto popular.
Las propuestas
están siendo examinadas por la Corte Constitucional, que deberá definir
en las próximas semanas el procedimiento para su aprobación, ya sea a
través del Parlamento o de una consulta popular.
La Carta Política
vigente permite la reelección por una sola vez, consecutiva o no, para
todos los funcionarios escogidos en las urnas.
Correa, entretanto,
desafió a sus opositores a reunir las firmas necesarias para el llamado
a una consulta popular, y dijo que si logran sacar adelante ese plan
aprovechará para someter a consideración varios temas.
En ese
sentido, mencionó la posibilidad de llevar a las urnas el acuerdo
comercial suscrito recientemente con la Unión Europea (UE), y que libera
el intercambio comercial entre las partes bajo condiciones y plazos.
El
líder izquierdista, que gobierna con niveles récord de popularidad,
dijo que la propuesta de reelección indefinida busca ampliar las
opciones del oficialismo después de 2017, cuando termina el actual
mandato presidencial.
"En lo personal quisiera retirarme en 2017 y
mi candidatura sería el último recurso. Pero también entendemos
perfectamente la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros;
impedir que vuelva el pasado de desastre", sostuvo.
Otras de las
enmiendas planteadas buscan reducir de 35 a 30 años la edad mínima para
ser presidente, declarar como "servicio público" a la comunicación y
facultar a las Fuerzas Armadas para que se involucren en tareas de
seguridad interna.